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Caracas.– De acuerdo con el monitoreo y las evaluaciones técnicas de diversas organizaciones socioambientales, Venezuela mantiene operativos al menos 35 vertederos a cielo abierto que carecen de las condiciones técnicas, sanitarias y ambientales mínimas exigidas para el manejo de residuos y desechos sólidos.

Los informes de seguimiento ambiental señalan que estos espacios funcionan como botaderos informales o depósitos descontrolados de basura, lo que contraviene los estándares internacionales de gestión ambiental y las propias normativas nacionales sobre rellenos sanitarios.

La información fue compartida por Crónica Uno.

Entre los principales factores de riesgo documentados en estos 35 emplazamientos se encuentra la ausencia de sistemas para la impermeabilización de los suelos, lo que facilita la infiltración de lixiviados (líquidos altamente contaminantes producto de la descomposición de la basura) hacia las capas freáticas y fuentes de agua subterránea. Asimismo, se reporta la inexistencia de mecanismos para la captura y quema controlada de gas metano, una situación que contribuye a la generación de incendios espontáneos y al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas ambientales han manifestado que la falta de infraestructuras adecuadas, tales como estaciones de transferencia y plantas de reciclaje o clasificación, agrava el impacto sobre las comunidades adyacentes a estos vertederos. Las poblaciones cercanas enfrentan de manera recurrente problemas derivados de la contaminación del aire por la quema de desechos, proliferación de vectores de enfermedades (como moscas, roedores y mosquitos) y la degradación general de los ecosistemas locales.

La situación contrasta con las metas de saneamiento y compromisos climáticos presentados formalmente en los informes de transparencia y actualización de políticas ambientales del país, los cuales contemplan la necesidad de intervenir, clausurar o adecuar estos espacios para mitigar el impacto ambiental y proteger la salud pública.