Caracas | Marzo de 2026 Redacción REPAM Venezuela con información de la Revista «La Iglesia en Amazonas»
— En una operación conjunta de carácter cívico-militar, fueron desmantelados aproximadamente 38 puntos de control que operaban a lo largo del río Orinoco, en el estado Amazonas. Estas estructuras, administradas por civiles indígenas y no indígenas, se habían convertido en un foco de denuncias por extorsión y piratería de río en la región fronteriza.
Del auxilio comunitario a la lógica extractivista
Lo que surgió en el año 2018 como una medida de autoprotección de las comunidades frente a la extorsión de funcionarios militares, derivó con el tiempo en un sistema de cobros ilegales. Según reportes de la zona, los habitantes de estos puntos replicaron conductas del modelo extractivista, cobrando «vacunas» en dinero, oro, combustible o víveres a todo aquel que transitara por la vía fluvial, sin distinguir entre mineros ilegales o misiones humanitarias.
La situación alcanzó niveles críticos cuando ni siquiera las labores eclesiales y educativas fueron respetadas. Voceros de la Iglesia en Amazonas denunciaron que embarcaciones con alimentos destinados a escuelas misionales y proyectos de costura para el pueblo Yanomami fueron interceptadas y despojadas de suministros bajo amenazas. El detonante final de la intervención estatal fue el secuestro de 1,500 bolsas de alimentos de un programa oficial destinadas a comunidades del Alto Orinoco en febrero de 2025.
Intervención y desafíos estructurales
La comisión que ejecutó el desmantelamiento estuvo encabezada por la viceministra para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas e integrada por diversos componentes de seguridad del Estado. No obstante, organizaciones como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y representantes del Vicariato Apostólico han señalado que la eliminación de estas alcabalas no resuelve las causas de fondo, según el reportaje ‘Como orillarse a un árbol talado’ de la periodista Minerva Vitti, publicado en la edición n° 189 de la revista La Iglesia en Amazonas (septiembre 2025).
- Falta de servicios: Habitantes del municipio Atabapo denuncian la ausencia de luz, agua, combustible y acceso a salud, lo que empuja a la población hacia economías ilegales.
- Persistencia del «matraqueo»: Tras el retiro de los civiles, algunos pobladores han reportado que el control ha vuelto a manos de militares que continúan exigiendo pagos irregulares por el tránsito de mercancías.
- Inexistencia de alternativas: Sin opciones económicas legales distintas a la minería ilegal, se advierte el riesgo de que surjan nuevos asentamientos provisionales o aumente la piratería nocturna en los ríos.
La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y las instituciones locales insisten en la necesidad de un diálogo que garantice el libre tránsito y el respeto a la soberanía, atendiendo la vulnerabilidad de los pueblos originarios atrapados en la dinámica de la minería ilegal.
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