En el marco de las recientes licencias y convenios suscritos entre Venezuela y Estados Unidos para el sector energético y minero, las organizaciones no gubernamentales Provea y Clima21 hicieron una solicitud formal al Ejecutivo nacional y a las corporaciones internacionales firmantes, demandando la fijación de garantías claras en materia ambiental y de derechos humanos.
A través de una comunicación escrita, ambas agrupaciones enfatizaron la necesidad de asegurar la transparencia en los datos públicos, garantizar el cumplimiento estricto de las normativas ambientales y procurar la asistencia e integridad de las poblaciones vulneradas por los constantes derrames de petróleo e incidentes del sector.
Las entidades alertaron que la industria petrolera del país atraviesa una «crisis ambiental crónica», marcada por el deterioro de ecosistemas continentales y marinos. Ante este escenario, sostienen que cualquier acuerdo o negociación debe incorporar «compromisos exigibles de atención de los pasivos ambientales acumulados, el control de las contingencias actuales y la restauración de los territorios degradados».
Alertan sobre la expansión del modelo extractivista
Las organizaciones manifestaron su preocupación ante la tendencia de seguir planteando la expansión minera y petrolera como la principal respuesta a la situación socioeconómica, sin abordar las consecuencias sociales y ecológicas que de ella se derivan.
«Advertimos con preocupación que continúe planteándose la expansión del extractivismo petrolero y minero como única respuesta a la crisis socioeconómica, mientras persisten graves problemas sociales y ambientales asociados a estas actividades sin que se adopten medidas suficientes para atenderlos», señalaron en el pronunciamiento.
El reclamo de las organizaciones responde al nuevo contexto institucional de acuerdos energéticos entre ambas naciones, que incluyen licencias para la comercialización de oro emitidas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. e iniciativas para la explotación de yacimientos petroleros en el país a largo plazo. Desde la visión de la ecología integral, las comunidades y los actores sociales continúan exigiendo que la defensa de la vida, el agua y los territorios prevalezcan sobre los intereses extractivos.